Quién controla a las reestatizadas: polémica entre Gobierno y oposición
La discusión es porque las nuevas compañías fueron creadas bajo la figura de sociedades anónimas. Para el Gobierno, basta con la Sindicatura y la Auditoría. Opositores hacen foco en las licitaciones.
La creación de otras dos nuevas sociedades anónimas con la mayoría de las acciones en manos del Estado disparó un debate entre el Gobierno y la oposición por los controles que se ejercerán sobre esas compañías, que tienen asignadas para su funcionamiento partidas presupuestarias. La polémica se encendió en la Cámara de Diputados el miércoles, cuando se votó la creación de la satelital ARSAT, que comenzará a funcionar con 50 millones de pesos, y de AySA, la nueva prestadora del servicio de agua potable y cloacas para 9,8 millones de usuarios porteños y bonaerenses. La primera ya es ley. Para AySA, el oficialismo en la Cámara Alta descuenta que le dará luz verde después de Semana Santa.Ambas compañías, que se suman a otras también creadas por este Gobierno (ver recuadro) son sociedades anónimas donde el Estado tiene la mayoría de las acciones. Esta figura se rige por la ley de sociedades anónimas privadas 19.550 pero parte del arco opositor considera que no está claro cuáles serán los controles estatales que tendrían. En el Gobierno son rotundos. "Que no digan pavadas, a las empresas las controlan la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría (General de la Nación) cualquiera lo sabe", señaló una fuente del Ministerio de Planificación (donde se redactaron estos proyectos) que pidió anonimato. Desde allí también aseguran que "se cae de maduro" que deberán cumplir con todos los pasos exigidos por la ley en cuanto a licitaciones públicas, audiencias y futuras ampliaciones de capital. Sin embargo, la polémica política fue más a fondo que la jurídica. El calor se encendió en aquella sesión de Diputados y continuó después. "La forma que se eligió para ratificar la creación de AySA es una aberración jurídica y habla de que se va inventando sobre la marcha", acusó el presidente de la bancada radical, Fernando Chironi. Cuestionó que con recursos nacionales se "financie" a los usuarios de agua de Capital y el conurbano y pidió que los municipios tengan participación accionaria.Le salió al cruce Edgardo Depetri, titular de la Comisión de Obras Públicas: "Es un disparate. No entienden el plan nacional de obras públicas y la decisión de incluir a AySA en ese esquema".La que se atrevió a más fue Elisa Carrió, del ARI. "Este formato jurídico encubre la absoluta libertad para contratar sin licitación pública, por eso hay un objetivo estado de sospecha sobre el uso de los fondos públicos por parte del Ministro (Julio) De Vido", dijo. Desde la cartera de Planificación no salieron a responderle. Sin embargo, en el Gobierno repiten que tanto AySA como ARSAT tendrán los controles de cualquier otra S.A. y que en el caso particular de AySA tienen un desafío por delante: el gerenciamiento de la empresa por parte del Estado y los trabajadores (tienen el 10% del PPP) y que, como pasó, con el Correo (un modelo similar) no hubo denuncias.Aunque la oposición no discutió el proceso de reestatización, las dudas sobre el uso de los recursos llevaron a algunos legisladores a cambiar de idea. Claudio Lozano (CTA), quien había avalado la creación de la energética Enarsa, votó en contra de AySA. Para el titular del PJ en Diputados, Agustín Rossi, "no hay elementos para sospechar que están hechas para justificar algún atajo. Queremos recuperar el rol del Estado, ese es el meollo".
La creación de otras dos nuevas sociedades anónimas con la mayoría de las acciones en manos del Estado disparó un debate entre el Gobierno y la oposición por los controles que se ejercerán sobre esas compañías, que tienen asignadas para su funcionamiento partidas presupuestarias. La polémica se encendió en la Cámara de Diputados el miércoles, cuando se votó la creación de la satelital ARSAT, que comenzará a funcionar con 50 millones de pesos, y de AySA, la nueva prestadora del servicio de agua potable y cloacas para 9,8 millones de usuarios porteños y bonaerenses. La primera ya es ley. Para AySA, el oficialismo en la Cámara Alta descuenta que le dará luz verde después de Semana Santa.Ambas compañías, que se suman a otras también creadas por este Gobierno (ver recuadro) son sociedades anónimas donde el Estado tiene la mayoría de las acciones. Esta figura se rige por la ley de sociedades anónimas privadas 19.550 pero parte del arco opositor considera que no está claro cuáles serán los controles estatales que tendrían. En el Gobierno son rotundos. "Que no digan pavadas, a las empresas las controlan la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría (General de la Nación) cualquiera lo sabe", señaló una fuente del Ministerio de Planificación (donde se redactaron estos proyectos) que pidió anonimato. Desde allí también aseguran que "se cae de maduro" que deberán cumplir con todos los pasos exigidos por la ley en cuanto a licitaciones públicas, audiencias y futuras ampliaciones de capital. Sin embargo, la polémica política fue más a fondo que la jurídica. El calor se encendió en aquella sesión de Diputados y continuó después. "La forma que se eligió para ratificar la creación de AySA es una aberración jurídica y habla de que se va inventando sobre la marcha", acusó el presidente de la bancada radical, Fernando Chironi. Cuestionó que con recursos nacionales se "financie" a los usuarios de agua de Capital y el conurbano y pidió que los municipios tengan participación accionaria.Le salió al cruce Edgardo Depetri, titular de la Comisión de Obras Públicas: "Es un disparate. No entienden el plan nacional de obras públicas y la decisión de incluir a AySA en ese esquema".La que se atrevió a más fue Elisa Carrió, del ARI. "Este formato jurídico encubre la absoluta libertad para contratar sin licitación pública, por eso hay un objetivo estado de sospecha sobre el uso de los fondos públicos por parte del Ministro (Julio) De Vido", dijo. Desde la cartera de Planificación no salieron a responderle. Sin embargo, en el Gobierno repiten que tanto AySA como ARSAT tendrán los controles de cualquier otra S.A. y que en el caso particular de AySA tienen un desafío por delante: el gerenciamiento de la empresa por parte del Estado y los trabajadores (tienen el 10% del PPP) y que, como pasó, con el Correo (un modelo similar) no hubo denuncias.Aunque la oposición no discutió el proceso de reestatización, las dudas sobre el uso de los recursos llevaron a algunos legisladores a cambiar de idea. Claudio Lozano (CTA), quien había avalado la creación de la energética Enarsa, votó en contra de AySA. Para el titular del PJ en Diputados, Agustín Rossi, "no hay elementos para sospechar que están hechas para justificar algún atajo. Queremos recuperar el rol del Estado, ese es el meollo".
posted by ignacio at
17:07
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